Veracruz 18 de noviembre de 2026 19 mins ago

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Comparecencia del secretario de Secretaría de Financias y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, ante la Comisión de Permanente de Hacienda del Estado

 Xalapa, Ver., martes 18 de noviembre de 2026.

Secretario de Secretaría de Financias y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández: Muy buenos días a todas y todos los diputados. Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Diputadas y diputados.

Comparezco ante esta Soberanía a rendir cuentas sobre el estado que guardan las finanzas públicas de Veracruz, en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la primera Gobernadora del Estado, Ing. Norma Rocío Nahle García, en cumplimiento de los artículos 49, fracción XXI, y 51 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en ejercicio de la responsabilidad que me ha conferido la titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Durante este segundo año, seguimos consolidando el segundo piso de la Cuarta Transformación en Veracruz. La Cuarta Transformación parte de reconocer nuestra historia e identidad.

Tanto México como Veracruz, aunque tienen como habitantes originarios a los pueblos indígenas, reconocen procesos de mestizaje con presencia europea, comunidades afrodescendientes y procesos posteriores de migración de Medio Oriente y Asia que dieron lugar a una sociedad incluyente y plural.

En Veracruz, estos principios se expresan en el artículo 5 de nuestra Constitución, que reconoce la composición pluricultural y multiétnica del Estado, sustentada en la grandeza de sus pueblos indígenas y afromexicanos, y de todas y todos quienes habitamos aquí.

Esto es lo que en la Constitución podría denominarse la veracruzanidad: una identidad que depende de una historia y un destino común.

Pero nuestra historia también muestra notables contradicciones económicas y sociales entre regiones y comunidades humanas, que han dado lugar a profundas desigualdades, discriminación y estructuras de exclusión desde la Conquista, así como guerras de castas, amenazas de dominación extranjera y dictaduras.

De esa misma historia surgieron hombres y mujeres que se opusieron a las injusticias y encabezaron las grandes transformaciones nacionales, haciendo de la libertad, la igualdad, la justicia y la soberanía los principios de sus luchas.

En México se tiene claro que periodos como el Porfiriato, si bien generaron altos niveles de crecimiento económico, ello no significaron desarrollo ni bienestar para la mayoría de sus habitantes.

La concentración y centralización de la riqueza, el capital, el ingreso y los recursos en general, derivadas del modelo de crecimiento, no estuvieron acompañadas de medidas compensatorias que mitigaran o resolvieran las amplias injusticias y desigualdades sociales.

Al contrario, el presupuesto y el ejercicio del gasto público se dirigieron a favorecer a los de arriba, a unos cuantos.

La misma situación se presentó durante los 36 años de neoliberalismo que azotaron al país y a Veracruz: privatizaciones, contención salarial y una política de gasto público focalizada dirigida a combatir la pobreza de manera aislada, pero no la desigualdad.

Rescates bancarios, como el Fobaproa, y se implementaron modelos de saqueo financiero, crediticio y bursátil que saqueraon  de recursos al pueblo de México y de Veracruz.

Nuestra lucha recupera lo mejor de los movimientos sociales del siglo XIX y del siglo XX.

La Cuarta Transformación retoma de la Independencia la libertad, la igualdad, la abolición de la esclavitud y del sistema de castas.

De la Reforma se reivindica como forma de gobierno la República laica, sustentada en la división de poderes, pero no solo entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino entre poder económico y poder político.

De la Revolución Mexicana recupera la lucha contra la dictadura, los privilegios y la profunda desigualdad económica que caracterizaron al Porfiriato, así como la reivindicación de los derechos laborales, el campesinado y el reconocimiento del Estado como rector del desarrollo, propietario de empresas públicas y garante de la soberanía sobre sus recursos naturales y territorio.

Ello, sin olvidar que, como continuidad de la Revolución Mexicana, el cardenismo impulsó la ampliación de derechos sociales y una mayor responsabilidad del Estado para dignificar las condiciones de vida de la población.

La Cuarta Transformación en el país ha reducido la pobreza en más de 15 millones de personas, de acuerdo al último informe del Banco Mundial.

La conjunción de política social redistributiva y la política de recuperación salarial que garantizan derechos sociales son los pilares de ese logro.

Logro que, en conjunto con acciones presupuestarias y en materia de gasto de gobiernos locales, en uso y ejercicio amplio de su soberanía estatal, contribuyen a la reducción de brechas sociales y generación de bienestar en sectores de la población anteriormente olvidados con el heredero en México del porfirismo que fue el sistema neoliberal.

Veracruz tiene ya dos gobiernos que trabajan desde la transformación, tiene 2 años de este segundo piso de la transformación que avanza a pasos firmes en la reconstrucción del tejido social y económico.

El ejercicio de su presupuesto está marcado hoy por una contención y control del gasto corriente, la reducción de la deuda y el incremento de ingresos en un entorno nacional e internacional complejo.

En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, más del 90% de los ingresos de Veracruz provienen de recursos federales, por lo que nuestra hacienda es particularmente sensible a las variaciones de la recaudación nacional.

Durante este ejercicio, el caótico entorno internacional, la disputa por la hegemonía mundial y los cambios en la política económica de los Estados Unidos afectaron sectores estratégicos nacionales como el automotriz, el acero y la agroindustria, con repercusiones tanto en la actividad económica nacional como local.

Esa afectación impactó de manera negativa en la recaudación federal y, consecuentemente, en las participaciones de los estados, incluido Veracruz, que se encuentra entre las cinco entidades con mayores ingresos.

Bajo este escenario negativo, Veracruz no tuvo ni nuevo endeudamiento ni reducción en sus gastos estratégicos dirigidos a garantizar derechos y bienestar en amplios sectores de la población.

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Al contrario, con las medidas compensatorias innovadoras del Gobierno de Veracruz, instruidas por la gobernadora del estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación se ha garantizado la gratuidad de la educación en todos sus niveles educativos.

Se ha invertido en infraestructura y equipamiento en salud, seguridad pública, protección civil ante desastres, movilidad y modernización del transporte público.

Salarios dignos para trabajadores y trabajadoras del Estado, salarios para policías y agentes de tránsito que salvaguardan la seguridad pública, el sistema de pensiones público del Estado y fideicomisos que garantizan protección y previsión social antes dejada al mercado y privados.

El saneamiento y orden financiero comenzado desde diciembre de 2024, ante la adversidad, permite obtener y canalizar ahorros que, en conjunto con la contención del gasto corriente y el crecimiento de ingresos, sin aumentar tasas impositivas ni cobrarle a la población nuevos impuestos y derechos, pone a Veracruz y sus finanzas públicas menos vulnerables, resilientes y como factor de estabilidad para un gobierno progresista comprometido con la población y sus necesidades más apremiantes.

Un ejemplo claro de la aplicación de esta política, que es máxima por el nivel de logro y diríamos nosotros nacional también, es la que representa la liquidación de la deuda bursátil municipal que durante años comprometió recursos de los municipios en beneficio de intereses privados.

Los rendimientos de esa operación beneficiaron a empresas e inversionistas externos al tratarse de instrumentos colocados en los mercados de valores.

La liquidación de esta deuda se realizó sin distingos de colores partidistas ni filiaciones políticas. Sus beneficios alcanzaron a los 199 municipios y, para lograrlo, se unieron Ejecutivo Federal, Congreso del Estado, alcaldes, alcaldesas y cabildos.

A diferencia de quienes aprobaron este esquema entreguista, excluyente, leonino, hoy esos alcaldes y alcaldesas, congresistas, hombres y mujeres comprometidos con Veracruz, bajo liderazgo indiscutible de la Ejecutiva Estatal, ingeniero Rocío Nahle García, no solo rescatan recursos dispensables para el desarrollo de sus municipios y el Estado, sino que contribuyen a independizar financieramente las decisiones soberanas de los cabildos para que puedan invertir hoy esos recursos de manera responsable en obras de infraestructura.

Recursos que antes se iban por el caño de la corrupción, el engaño, la simulación y el saqueo que representaron 36 años de neoliberalismo, de modelos financieros leoninos como la bursatilización o de saqueo público nacional como el Fobaproa.

De esta manera me presento hoy ante este honorable Congreso del Estado, respetuosamente, ante esta soberanía, a rendir cuentas sobre los resultados más importantes en materia financiera del Estado de la administración de la ingeniera Rocío Nahle García, bajo los principios de la Cuarta Transformación, principios que recuperan el humanismo mexicano, el cual coloca en el centro a la gente y se expresa siempre en su máxima: por el bien de todos, primero los pobres.

En materia de deuda, estamos siguiendo una estrategia innovadora distinta a la que se había aplicado en Veracruz y en otros estados.

Durante años, la respuesta tradicional fue refinanciar ampliando plazos y reduciendo temporalmente los pagos de intereses. En apariencia mejoraban las condiciones financieras, pero en realidad se trasladaba el costo a las siguientes generaciones, llegando a pagar dos o tres veces, dos o tres veces la misma deuda.

Nuestra estrategia rompió con esa lógica. No se trató de cambiarle el nombre a la deuda ni de patear el problema hacia delante, sino de reducir directamente el saldo, disminuir el número de créditos, mejorar las condiciones financieras, liberar participaciones federales sin ampliar vencimientos ni incrementar obligaciones.

En suma, se acabó el festín de los intermediarios, durante años, cada reestructuración significaba contratar despachos estructuradores, pagar calificadoras, notarios y pagar comisiones bancarias.

Nuestra estrategia rompió también con esa práctica, estas operaciones se realizaron sin contratar despachos externos y utilizando la estructura técnica de las y los trabajadores de la SEFIPLAN.

Lo que antes se presentaba como un ahorro por la reducción de tasas de interés era en realidad un beneficio provisional que terminaba pagando más adelante y durante más tiempo el pueblo de Veracruz y, además, una parte de este supuesto ahorro se consumía desde el inicio en honorarios y comisiones para los intermediarios, encareciendo todavía más la deuda.

Todo se hizo con apego a la normatividad y marco jurídico aplicable, con acompañamiento de las autoridades federales y mediante tres medidas: pagos anticipados, refinanciamientos y reestructuras.

Se redujo la deuda bancaria del Estado en 5 mil 964 millones de pesos, equivalente a un 12.5% de diciembre de 2024 a finales de noviembre de 2026.

En finales de noviembre de 2026 se liquidó la deuda bursátil municipal. La deuda financiera total de Estado y municipios disminuye un 14%, reducción equivalente a 6 mil 464 millones de pesos en tan solo 2 años.

El impacto en la deuda per cápita, esto es, en lo que corresponde a cada habitante veracruzano, tiene una caída del 13% en tan solo 2 años. De tener una deuda per cápita de casi 6 mil pesos por habitante en Veracruz, pasamos a 5 mil 200 pesos aproximadamente.

Se efectuaron tres pagos anticipados por 3 mil 165 millones de pesos, por lo que en 2 años se redujo el número de créditos bancarios de 21 a 16 y se disminuyó el saldo bancario del Estado de Veracruz, sin considerar el monto de bursatilización, de 47 mil 775 a 41 mil 811 millones de pesos.

Se refinanciaron los créditos de Banobras IV y V al mejorarse las tasas de interés, reduciéndose la de participaciones federales. Todo ello sin incrementar saldos ni ampliar vencimientos.

Se reestructuraron los créditos BBVA I, II y III, mejorando el porcentaje de descuento de participaciones, otorgando el doble de flujo a la Caja del Estado de Veracruz al pasar la afectación que realiza el fideicomiso respectivo para garantizar el pago de capital e intereses de 5.25% a 3.4% del total del Fondo General de Participaciones.

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Todo ello en cumplimiento de los artículos 23 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera.

Estas acciones permitieron liberar flujo antes retenido por los créditos bancarios y deshipotecar recursos del Estado.

De los 16 créditos, el porcentaje de participaciones comprometidas pasó, al reducirse el número de créditos y reestructurar algunos otros con ellos, de 54.3% a 48.8% del Fondo General de Participaciones.

Con ello se recuperó capacidad presupuestaria y flujo para inversión pública y atención de necesidades sociales.

En cuanto a la deuda municipal bursátil, su liquidación constituye uno de los logros más relevantes de esta administración y de la historia financiera del Estado.

Se acabó la entrega de los recursos municipales, el saqueo a la población veracruzana y el cinismo de la burocracia neoliberal que vendió espejos de modernización.

Con ello pusimos fin a casi dos décadas de un complejo leonino y entreguista esquema de saqueo de los recursos de los 199 municipios, aprobado en 2008.

Su aprobación, con 36 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, marcó el inicio ominoso de un esquema que iba a cobrar al menos cuatro veces el monto de la deuda de mil millones de pesos entregados a 199 municipios, de continuar el esquema ruinoso, iban a pagarse casi 5 mil millones.

A ello se sumaba una complejidad adicional, no estábamos frente a un crédito bancario tradicional con un pagaré y con un solo banco, se trataba de certificados bursátiles que cotizaban en el mercado de valores y formaban parte de los portafolios de inversión de instituciones financieras e incluso de gobiernos.

Por ello, su cancelación exigía cumplir procedimientos específicos ante la Bolsa Mexicana de Valores y coordinar los tiempos de pago entre el Gobierno del Estado, el fiduciario y los tenedores.

En resumen, se trataba de una deuda ruinosa, el saldo estaba vinculado a UDIS, sujeto a altas tasas de interés, sin posibilidad de que los municipios salieran individualmente y con un sobreendeudamiento que comprometía excesivamente sus participaciones federales.

18 años después no le cambiamos nombre a la deuda, no la trasladamos a otro banco ni la sustituimos por otro financiamiento, la pagamos.

Recuperamos los recursos del fideicomiso que administraba la deuda y devolvimos a los municipios el flujo de sus participaciones.

Lo logramos bajo el liderazgo de la Gobernadora, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los municipios, todos sin distingos partidistas ni discriminación de ningún tipo; logramos construir los acuerdos necesarios para alcanzar este objetivo común.

La liquidación se realizó el 14 de julio de 2026, el primer día en que fue posible y, en ese momento, el Estado culminó con sus obligaciones de pago, el resto del procedimiento correspondió a los procesos entre bancos, Bolsa Mexicana de Valores y tenedores.

Finalmente, la deuda se liquidó con mil 86 millones de pesos disponibles en las cuentas del fideicomiso y una aportación de 460 millones de pesos del Gobierno del Estado.

Con estos recursos se evitó que los municipios tuvieran que reponer o reintegrar al Estado los recursos que aportó.

Si consideramos el costo que los municipios habrían tenido que pagar de continuar con el esquema, descontando los recursos disponibles en el fideicomiso y la aportación estatal, se generó un ahorro total de mil 180 millones de pesos, desglosado de la siguiente manera:

– Costo futuro estimado de la deuda: 700 millones de pesos.

– Recursos en las cuentas del fideicomiso: mil 86 millones de pesos.

– Aportación del Gobierno del Estado: 460 millones de pesos.

– Ahorro para los municipios: mil 180 millones de pesos.

Los resultados de esta estrategia han sido reconocidos tanto en el ámbito público como en el privado.

En 2026, Moody’s elevó la calificación crediticia de Veracruz por segundo año consecutivo, mientras Fitch y HR Ratings ratificaron las mejoras otorgadas en 2025.

Las agencias reconocieron el fortalecimiento de las finanzas estatales, el incremento de los ingresos propios, el manejo de la deuda y la atención de pasivos institucionales.

Pero el reconocimiento va más allá, Veracruz será el próximo coordinador del Grupo de Deuda de las 32 entidades federativas que trabajan en conjunto con la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto refleja el trabajo realizado y coloca al Estado en una posición destacada dentro de la discusión nacional.

Esos últimos años, un entorno económico internacional complejo, marcado por guerras comerciales, cambios geopolíticos y menor dinamismo económico, repercutió en la economía nacional y particularmente en las participaciones que reciben los estados.

La recaudación federal participable, integrada principalmente por el IVA, el ISR y el IEPS, que es la base para distribuir una parte importante de esos recursos, se redujo un 2.4%, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda, equivalente ello a 98 mil 803 millones de pesos.

Para Veracruz, esto representó una reducción de participaciones, pasando de 73 mil 675 millones proyectados en la Ley de Ingresos a 70 mil 032 millones de pesos esperados al cierre del año.

La estrategia para compensar la caída en participaciones fue un éxito, varios factores se complementaron para ello: mayores ingresos propios, incremento en el Impuesto Sobre la Renta participable producto del pago total de los créditos fiscales, incentivos derivados de la colaboración fiscal como en el combate a la evasión fiscal, el ordenamiento para el pago entero y timbrado del ISR en dependencias y organismos públicos descentralizados, así como recursos adicionales que se utilizan para compensar caídas en participaciones en todos los estados, como el fondo denominado FEIEF.

A ello se suma la decisión, en línea con lo establecido en el primer gobierno de la Cuarta Transformación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de no incrementar tasas impositivas ni crear nuevos impuestos.

Veracruz ha incrementado sus ingresos sin crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes.

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A pesar de que el Estado muestra tasas por debajo de las observadas en el resto del país, como en el caso del impuesto sobre nómina y del impuesto de hospedaje, hemos establecido acciones para mejorar la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión y avanzar hacia una mayor equidad, que paguen quienes tienen la obligación de hacerlo sin cargar el costo sobre las familias y quienes cumplen puntualmente.

Ejemplo de ello es el aumento sostenido en la recaudación de ingresos propios por encima del crecimiento económico del Estado, que en 2015 registró trimestres negativos y en 2026 comienza a observarse una recuperación.

No obstante ello y ese escenario adverso que se presentaba inicialmente para 2026 en la caída de las participaciones, se prevé que superaremos los ingresos netos observados en 2025 y la Ley de Ingresos proyectada para 2026.

¿En qué se traduce todo esto? ¿Para qué sirven los ahorros y el incremento de los ingresos?

La respuesta es clara y contundente, se destinan para garantizar derechos, contribuir a mejorar el bienestar de la población y la inversión en infraestructura que impacta el desarrollo de Veracruz.

Del lado del gasto, la disciplina financiera ha permitido contener el gasto corriente por debajo del promedio de los últimos 5 años.

Esta disciplina no significa dejar de gastar en lo necesario ni mantener recursos sin utilizar, significa gastar en aquello que verdaderamente beneficia a las personas, como la mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores del Estado, así como de nuestros cuerpos policiales.

En 2026 incrementó el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público estatal a más del doble de la inflación.

En el caso de las mujeres trabajadoras, con menos de dos salarios mínimos, el incremento fue de 9.5%, contribuyendo con ello a reducir la brecha salarial de género.

Para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública el incremento fue de 18.5%, este incremento salarial mejora la calidad de vida y dignifica a quienes trabajan en el servicio público de Veracruz y rompe con el dogma neoliberal de que cualquier aumento salarial genera presiones inflacionarias.

De igual forma, este año se incrementó el gasto en la inversión pública en 33%, tendencia que se consolida en la propuesta de presupuesto 2027, donde la inversión en el campo crecerá en 70% y la de infraestructura en 21%.

Por su parte, el gasto público también se orienta a garantizar derechos, donde la educación tendrá un incremento de 5.7%, el sistema estatal aumentará en 5%.

Se fortalecerán los fideicomisos destinados a garantizar cobertura ante accidentes y situaciones de desastre, así como la ejecución de inversiones estratégicas que seguirán en inversiones estratégicas como movilidad y transporte, lo cual seguirá garantizando.

La transformación del modelo de protección para las y los trabajadores de la educación y trabajadoras de otros organismos públicos descentralizados, que sustituyó un esquema de seguros privados onerosos por un mecanismo público de aseguramiento institucional.

Permitió que en un solo año se destinara un presupuesto anual 68% mayor para garantizar la cobertura por fallecimiento e invalidez, al pasar de un promedio de 273 millones a 457 millones de pesos.

Pero, además, como el modelo de seguros era una transferencia de recursos públicos a privados, de los 273 millones que se pagaban como prima, solo retornaba a los trabajadores y trabajadoras el 50%, en promedio 136 millones al año.

Hoy, al terminarse con el modelo de saqueo neoliberal, los casi 460 millones son usados en su totalidad para los beneficiarios.

Tan solo este año, para maestros de educación básica se han ejercido 355 millones para cubrir 576 siniestros presentados de 2010 a 2026.

Considerando otros OPD, como la CAEV, el IPAX e institutos tecnológicos, se han cubierto 719 siniestros con un ejercicio presupuestal de 392 millones de pesos.

Eran rezagos, rezagos que venían incluso de 2010 a 2026, rezagos que eran una demanda legítima de miles de beneficiarios que ya habían perdido la esperanza de pago alguno por el fallecimiento o invalidez de su familiar trabajador. La esperanza la devolvió a nuestro gobierno y cumplió.

El derecho a la movilidad se garantiza en Veracruz en esta administración, desde 2025 impulsamos la renovación del transporte público mediante un fideicomiso innovador que permite financiar nuevas unidades sin contratar deuda.

En 2 años se han invertido 1 mil 466.8 millones de pesos para modernizar el transporte en distintas regiones de Veracruz.

Hoy contamos con 316 unidades híbridas de bajas emisiones y con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

En 2026 incorporaron 60 unidades Atenas en Xalapa, cinco rutas; 40 unidades Totonaco en Poza Rica con tres rutas; seis unidades en el Papaloapan, en Carlos A. Carrillo, también con tres rutas.

Esto significa que la modernización del transporte no se concentra en la capital ni en las zonas turísticas solamente, y llega a distintas regiones y amplía las posibilidades de movilidad sin discriminación.

Diputados y diputadas, reafirmó el compromiso con el proyecto social que enarbola la Cuarta Transformación y que hoy encabeza en Veracruz la ingeniera Rocío Nahle García, donde nuestra posición es clara: fortalecer al Estado, recuperar su soberanía, combatir la corrupción, consolidar su independencia financiera frente a cualquier interés privado para que los ahorros generados se traduzcan en bienestar y derechos sin discriminación.

Ello, frente al proyecto de quienes durante años se creyeron dueños de Veracruz y del país, un modelo entreguista neoliberal neoporfirista, que saqueó y debilitó al Estado convirtiendo obligaciones públicas en jugosos negocios privados.

Nosotros, nosotros lo reafirmamos, queremos un Veracruz para todos y todas, no para unos cuantos.

Reitero mi respeto a esta soberanía y mi disposición para atender los planteamientos y cuestionamientos que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales formulen las y los integrantes de esta legislatura.

Gracias.

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