Así va el combate a la corrupción de AMLO en los primeros 3 años de la 4T

Uno de los principales compromisos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando inició su sexenio en 2018 fue el de acabar con la corrupción en su gobierno “como se barren las escaleras, empezando de arriba hacia abajo”.

Durante la primera mitad del sexenio de López Obrador se han presentado avances en casos relevantes como el de Emilio Lozoya, Rosario Robles y Alonso Ancira; mientras que, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado más de 750 denuncias penales por presuntos actos de corrupción.

La 4T contra Robles, Lozoya y Ancira

Uno de los principales resultados de esta administración en el combate a la corrupción ha sido el avance en tres de los casos más conocidos en México de la administración anterior: La Estafa Maestra de Rosario Robles, Emilio Lozoya y el caso Odebrecht, y la venta de Agronitrogenados por Alonso Ancira.

En el caso de Rosario Robles, la exsecretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentra actualmente detenida en el penal de Santa Marta Acatitla, luego de que le fue dictada prisión preventiva por su probable participación en el esquema mediante el que se desviaron millones de pesos del erario a través de contratos simulados con universidades de todo el país.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien también fue sentenciado a prisión preventiva por su probable participación en el esquema de corrupción mediante el que supuestamente la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos millonarios a legisladores mexicanos para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto.

A pesar de que en un principio había logrado negociar con autoridades mexicanas para enfrentar su proceso en libertad, el exfuncionario fue enviado a prisión luego de que tras más de un año no había podido aportar pruebas para ampliar las pesquisas y después de un escándalo a causa de unas fotografías que circularon en redes sociales captadas por la periodista Lourdes Mendoza en las que se ve a Lozoya cenando en el lujoso restaurante Hunan en la Ciudad de México.

 

#ÚltimaHora Emilio Lozoya llegó al Reclusorio Norte para comparecer por caso Odebrechthttps://t.co/25f8JbX9vW pic.twitter.com/DR4dZ2qzGl

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 3, 2021

Finalmente, en el caso de la venta de la planta Agro Nitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) logró un acuerdo con Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para que pague a Pemex un total de de 216 millones de dólares para librarse de la acusación de operaciones de recursos de procedencia ilícita en su contra.

El pasado 23 de noviembre, AHMSA informó, mediante un comunicado, que el empresario ya había realizado el primer pago contemplado en dicho arreglo, correspondiente a 50 millones de dólares más intereses.

 

Combate contra corrupción en medicamentos provoca desabasto

Una de las primeras acciones de AMLO al llegar a la presidencia fue ordenar que se eliminaran todos los fideicomisos y apoyos a programas como estancias infantiles para madres trabajadoras; sin embargo, una de las medidas más criticadas fue la de cancelar los contratos con farmacéuticas para la compra de medicamentos, argumentando que estaban plagados de corrupción.

“Había cuando menos omisión porque se compraron medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta (…)  4 mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año, alrededor de 80 mil millones de pesos y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales y de esos, cuando mucho 15 empresas acapararon el 80 por ciento de las compras”, acusó durante una de sus conferencias mañaneras realizada en marzo de 2019.

 

Tras esta decisión, el mandatario mencionó que el Gobierno de México firmaría un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) con el fin de cooperar para adquirir fármacos en el extranjero y garantizar el abasto de medicinas en todo el país.

Dicho acuerdo fue firmado el 31 de julio de 2020 durante la conferencia mañanera; casi un año y medio después de la firma del acuerdo, el pasado 29 de noviembre la UNOPS  aseguró que ha cumplido con el 95 por ciento de la entrega de medicamentos en México; sin embargo, aún existen denuncias de desabasto en el país.

“Ya sea por clave de medicamentos, material de curación, grupos terapéuticos, inclusive claves oncológicas, estamos en promedio en 95 por ciento de entrega de acuerdo al cronograma”, afirmó Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto y representante de la UNOPS México.

Sin embargo, en distintas partes de la República se han registrado protestas de pacientes de distintas instituciones de salud pública debido a la falta de medicamentos para continuar con su tratamiento médico.

Resalta el caso de los padres de niños con cáncer, quienes han realizado diversos bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal que atienda la falta de quimioterapias y otros fármacos para atender la enfermedad de sus hijos.

Denuncias por corrupción presentadas por la 4T

Según un comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 25 de octubre, del 1 de diciembre de 2018 a octubre de 2021 se han presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías por presuntos actos de corrupción, de las cuales 198 fueron presentadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos contra funcionarias y funcionarios, 168 ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

De las casi 200 acusaciones presentadas contra 341 servidores y exservidores públicos, 114 fueron por enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, 5 por falsificación de documento y 14 por otros delitos.

Además se presentaron otras 559 denuncias mediante los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

El comunicado de la SFP señala que actualmente da seguimiento y coopera con el ministerio público en 315 carpetas de investigación abiertas, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos; sin embargo, no detalla cuántas acciones penales se han ejercido o cuántos de las y los funcionarios señalados han sido declarados culpables de corrupción.

Funcionarios sancionados en la 4T por corrupción

En el mismo informe, la SFP dio a conocer que durante los primeros 3 años de la administración de López Obrador se han impuesto 8 mil 228 sanciones a un total de 7 mil 034 servidoras y servidores públicos por faltas administrativas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, se impusieron las siguientes sanciones: mil 126 amonestaciones privadas, mil 321 amonestaciones públicas, 478 destituciones, 3 mil 108 inhabilitaciones, 594 sanciones económicas y mil 601 suspensiones.

Aunado a ello, de 2018 a la fecha, la SFP ha remitido mil 095 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas administrativas graves cometidas por funcionarias o funcionarios, mismas que están a la espera de ser resueltas para que se impongan las sanciones correspondientes.

 

Registro de Servidores Públicos Sancionados

A través del Registro de Servidores Públicos Sancionados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer los nombres de los funcionarios que han sido inhabilitados del servicio público del 2013 a la fecha, así como las dependencias a las que pertenecían y el tiempo que fueron vetados del servicio público.

Cabe destacar que dicha plataforma incluye a servidores públicos sancionados por corrupción y otros delitos, además de que no muestra todos los registros debido a que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes.

Por lo tanto, en el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes.

Según la información contenida en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, desde el 1 de diciembre de 2018, día en el que inició el gobierno de López Obrador, al 31 de mayo de 2021, han sido inhabilitados del servicio público 23 funcionarios.

 

La mayoría de las y los funcionarios sancionados y que se encuentran en este registro pertenecen a tres dependencias: Pemex, el ISSSTE y la Policía Federal.

Resultados de la Fiscalía Anticorrupción 

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en marzo pasado su informe anual de labores, en el que muestra que durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador se han iniciado un total de mil 688 carpetas de investigación, el 80% de las cuales son contra una funcionaria o funcionario.

Las 5 dependencias con más funcionarios denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción son: ISSSTE, Pemex, SAT, Policía Federal e IMSS.

Acerca de los delitos por los que fueron iniciadas dichas carpetas de investigación, los cinco actos ilícitos más denunciados fueron: uso ilícito de atribuciones y facultades; ejercicio ilícito del servicio público; enriquecimiento ilícito; cohecho, y abuso de autoridad.

De las casi mil 700 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, ha logrado que se emita sentencia sólo en 662 de ellas; en la mayoría, se determinó el no ejercicio de la acción penal o la incompetencia de la Fiscalía por tratarse de delitos cometidos contra la administración de justicia.

 

Ciudadanos víctimas de corrupción

Con el fin de conocer la percepción que tienen los mexicanos sobre la corrupción en el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, misma que se realizó por última vez en diciembre de 2019.

Dicha encuesta recopila información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios en los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia.

Según los resultados presentados por el Inegi, durante 2019 15% de la población mexicana dijo haber sido víctima de algún acto de corrupción al realizar algún trámite. Sobre la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el gobierno, el estudio reveló que más del 62% creen o han escuchado que existe corrupción para realizar algún trámite.

Los tres trámites o actos en los que los ciudadanos han denunciado mayor corrupción son: contacto con autoridades públicas, permisos relacionados con la propiedad y trámites ante el Ministerio Público.

 

Percepción de la corrupción en México a nivel mundial  

A pesar de la cruzada que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción desde que inició su gobierno, a nivel mundial México es percibido como uno de los países con niveles más altos de corrupción.

Dos de los principales rankings que se encargan de medir la percepción de corrupción en países de todo el mundo ubican a nuestro país entre las naciones que tienen mayor incidencia de este delito.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 elaborado por Transparency International, el cual incluye a 180 países, colocó a México en el lugar 124 de naciones con menor percepción de corrupción.

Por otra parte, el World Justice Project calificó a México como uno de los cinco países con más corrupción al colocarlo en el lugar 135 de 139 países que incluyó en su Índice de Estado de Derecho 2021.

En este último estudio, nuestro país sólo fue superado en niveles de corrupción por República Democrática del Congo, Camboya, Camerún y Uganda.

Por último, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, realizado por Control Risks y que estudia 15 países de América Latina, colocó a México como uno de los cinco países que tienen menor capacidad para hacer frente a este delito en la región, detrás de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela.

Las adjudicaciones directas de la 4T

Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública nombrado tras la repentina destitución de Irma Eréndira Sandoval, fue duramente cuestionado durante su comparecencia ante la Cámara de diputados del pasado 13 de octubre.

Ante los cuestionamientos de los legisladores acerca de la enorme cantidad de contratos otorgados por adjudicación directa, el funcionario recalcó que parte de éstas se otorgaron debido a que las licitaciones quedaron desiertas, por lo que es erróneo clasificarlas como “directas”.

Señaló que durante 2020 se licitó el 40% de las compras que realizó el gobierno, mientras que durante 2021 se han licitado el 55% de los contratos celebrados por entidades gubernamentales.

De acuerdo con la plataforma de información sobre contrataciones abiertas del gobierno de la República, actualmente están abiertos 5 mil 858 procesos de contratación, de los cuales 5 fueron asignados por adjudicación directa, 2 mil 132 por invitación a cuando menos 3 personas y 3 mil 717 por licitación pública.

Además, al 28 de noviembre de 2021 existen 143 mil 742 contratos activos entre el gobierno y alguno de los 61 mil 016 proveedores y contratistas que brindan productos o servicios.

Los 10 productos y servicios en los que se destinan la mayor parte de recursos del erario son:

1. Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (60 mil 390.1 millones de pesos)
2. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (52 mil 919.75 millones de pesos)
3. Construcción de vías de comunicación (31 mil 042.22 millones de pesos)
4. Medicinas y productos farmacéuticos (27 mil 087.45 millones de pesos)
5. Servicios integrales (24 mil 808.22 millones de pesos)
6. Subcontratación de servicios con terceros (21 mil 597.14 millones de pesos)
7. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (19 mil 951.94 millones de pesos)
8. Asignaciones derivadas de proyectos de asociación público privada (16 mil 340.3 millones de pesos)
9. Seguros de bienes patrimoniales (13 mil 706.68 millones de pesos)
10. Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (11 mil 732.5 millones de pesos)

¿Qué es una adjudicación directa?

La adjudicación directa es un procedimiento que se realiza cuando una dependencia u órgano de gobierno otorga un contrato a un proveedor sin someterlo a licitación o competencia, por lo que este tipo de acciones pueden elevar la sospecha de que existan presuntos actos de corrupción en la realización de obras.

Este tipo de procedimientos han sido una constante en el proceso de construcción de obras prioritarias del gobierno de AMLO, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

ACI califica de “impresionante” construcción de aeropuerto en Santa Lucía https://t.co/fJA9xzlgZU pic.twitter.com/iINBBHtxM9

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 2, 2021

En tanto, la SFP recomienda a las dependencias no utilizar este tipo de adjudicaciones, salvo en los siguientes casos:

1) Cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública

2) Cuando por las características del bien o servicio de que se trate sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o prestar el servicio

3) Tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco

4) En los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor

Con información de Martín Rocha

Fuentes: Secretaría de la Función Pública, Fiscalía Anticorrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, Plataforma Digital Nacional, Registro de Servidores Públicos Sancionados, Presidencia de la República, Plataforma de Transparencia Presupuestaria, Inegi, Control Risks, World Justice Project, Transparency International

 

 

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