Tren Maya: admiten demanda colectiva contra las empresas responsables de su construcción
Ciudad de México.- El juez del octavo Distrito en materia civil Luis Alberto Ibarra Navarrete admitió una demanda colectiva promovida […]
Ciudad de México.- El juez del octavo Distrito en materia civil Luis Alberto Ibarra Navarrete admitió una demanda colectiva promovida por la ONRE (Organización Nacional de Responsabilidad del Estado). Esta demanda va en contra de cinco empresas actualmente responsables de la construcción del Tren Maya.
La demanda pide reparar el daño cometido al medio ambiente. El costo que estiman por la restauración asciende a 28 mil millones de dólares. Las empresas demandadas son Grupo México, México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Acciona Infraestructuras México.
“Vamos a pegarles en la cartera, vamos a detener a las empresas, porque están cobrando, y si en su equilibrio financiero dicen ‘estamos cobrando 5, pero podemos perder 20, mejor sacamos las manos’, aquí no tiene que ver el presidente, es una demanda de la organización en contra de 5 personas morales. Es un juicio de reparación del daño, de reposición; la demanda está bien sustentada, nadie va a hacer negocios matando animales, cortando árboles”, señaló el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas.
El abogado encargado del caso dijo en conferencia de prensa que el juez Ibarra Navarrete declare que las empresas demandadas cometieron actos ilícitos en la construcción del proyecto del Tren Maya, ya que no cuentan con los permisos en materia de impacto ambiental.
El mismo explicó que esta demanda colectiva es distinta a una demanda de amparo, dado que esta solicita la reposición del daño de la flora, fauna y del agua de la región de la Península de Yucatán. Expresó que el suelo kárstico corre un riesgo de colapso, esto debido a su fragilidad.
El monto estimado asciende a los 572 mil 147 millones 840 mil pesos mexicanos, es decir, 28 mil millones de dólares, que menciona, irían a un fondo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal.
Esta estimación fue realizada con base en el daño directo de 780 hectáreas de selva y en el daño indirecto de 2 mil 400 hectáreas de selva. Esto implica asimismo la pérdida de flora y daño a la fauna, como también daño a 120 kilómetros de línea costera y al acuífero.
