Los gobiernos estatal y municipales en Veracruz implementarían programas y estrategias para atender y contrarrestar los efectos físicos y psicológicos, producidos por cualquier forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y la violación de sus derechos, de acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz.

En la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD-DSP puso a consideración del Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del Artículo 99 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Desde la tribuna, la legisladora dijo que, para fortalecer las capacidades de prevención y atención a los efectos de este fenómeno, el objetivo de su iniciativa es proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la violencia y para ello –precisó- se requiere atender las consecuencias con programas y estrategias especiales.

Explicó que, para la implementación de estas acciones, se requiere la participación de psicológicos, médicos y abogados especialistas en la materia, y así contrarrestar los efectos generados por la violencia y aportarles estabilidad psicológica y un correcto desarrollo en las etapas posteriores de su vida.

Ivonne Trujillo precisó que en México viven 40.6 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 48.98 por ciento (19.72 millones) son mujeres y el 51.2 por ciento (20.54 millones) son hombres.

Al considerar que se trata de uno de los grupos poblacionales en mayor grado de vulnerabilidad en el país y en el mundo, la Diputada señaló que el aumento del estrés, la inseguridad económica y alimentaria y el confinamiento a causa del Covid-19 han elevado los niveles de violencia doméstica en México.

Finalmente, destacó que, desde el inicio de la contingencia, en México se registraron 115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre del 31 de marzo de 2020.

Esta iniciativa, a la que se adhirieron los grupos legislativos mixtos MC-PRD-DSP y PRI-PVEM fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia.

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