Caso Querubines: Cuáles son las presuntas empresas fantasma de Inés Gómez Mont y su esposo
Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor […]
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Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
De acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) conocida como “Caso Querubines”, los acusados utilizaron compañías fantasma para facilitar la evasión de impuestos a otras personas. Así como para el desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.
Los 2 mil 950 millones de pesos que salieron de la Secretaría de Gobernación a través de contratos firmados en 2016 y 2017, se trataban de recursos que supone estaban destinados a reclusorios federales para adquirir equipos de seguridad, asegura Animal Político.
Sin embargo, los contratos desviaron el dinero hacia varias empresas fantasma, entre las que se encuentran:
- Modemo SA de CV
- Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV (o Arramlop)
- Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV
- Creación y modificaciones Gardel SA de CV
- Comcelint SA de CV
- Rangel SA de CV
- Gupea Construcciones SA de CV
Inés Gómez Mont y su esposo estarían en Estados Unidos https://t.co/WOSVrPnSfA pic.twitter.com/a5VWrz66dn
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 11, 2021
Las autoridades fiscales detectaron que este grupo de empresas fantasma hicieron más de mil 400 operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas. Y sospechan que detrás de ellas estaría el matrimonio de Inés Gómez-Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían cobrado una comisión para lavar el dinero público.
Con el dinero se habrían comprado programas de seguridad para penales
Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
Ambos contratos son considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que hubo simulación de competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.
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Con información de Animal Político
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