El INE ajusta su presupuesto… pero llegará “asfixiado” a la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) sacó las tijeras y tuvo que ajustar su presupuesto para el siguiente año. No sin advertir que probablemente no tenga recursos suficientes para organizar la consulta popular de revocación de mandato.

¿La razón? Los consejeros electorales acusaron que, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, asfixió al organismo con un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, por lo que quedó con un presupuesto final de 13 mil 914 millones 742 mil pesos.

Esto, detalló el Consejo General del árbitro electoral, los deja en un déficit de alrededor de 2 mil 237 millones de pesos para la realización de la consulta.

Los ajustes aprobados al Presupuesto 2022 incluyen una disminución al Presupuesto Base por 150.70 millones de pesos para quedar en 11 mil 74.83 millones de pesos y en la Cartera Institucional de Proyectos por 294.70 millones de pesos -que quedaría en  mil 564 millones de pesos-. Estos ajustes suman 445.4 millones de pesos, además de que se eliminan mil 913.13 millones de pesos solicitados para la Consulta Popular.

El INE no bloquea, obstaculiza o pone en riesgo la Revocación de Mandato

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que “no es el INE el que bloquea, obstaculiza o pone en riesgo un eventual proceso de Revocación de Mandato”.

Recriminó que, de acuerdo con lo aprobado, a los mil 275 millones de pesos que, a partir de diversos ahorros y lo aprobado por el Legislativo, fueron destinados a la Revocación de Mandato, se sumará un monto por compromiso de ahorros de 227.1 millones de pesos adicionales, con lo que el INE contaría con una bolsa de mil 503 millones de pesos para la eventual realización de este ejercicio.

“Aún con los ajustes y la meta de ahorro que se propone, el INE estaría avanzando hacia la organización de la Revocación de Mandato con un déficit de más de 2,554 millones de pesos, lo que pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”, explicó.

El presidente del INE subrayó que estos recursos resultan “clara y abiertamente insuficientes para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal en la materia, que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal; es decir, alrededor de 160 mil casillas, que es la base del cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó a aprobar, y que, como se recordará, era de 3 mil 830 millones de pesos”.

Un ejercicio, abundó, que por la gravedad de sus posibles consecuencias -ni más ni menos que la conclusión anticipada del periodo de gobierno del Presidente electo en 2018-, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza y transparencia, estándares de calidad que este Instituto Nacional Electoral siempre ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que organiza a nivel federal y local en colaboración con los OPL.

Por estos motivos recordó Córdova Vianello, el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine “si el INE debe avanzar hacia un proceso de Revocación de Mandato sin los recursos requeridos para ello -aunque eso implique una violación a la Ley Federal en la materia-, o si se ordena a las instancias competentes, proveer los recursos requeridos para un proceso de las dimensiones y garantías estipuladas en la Constitución y la ley”.

Para el consejero Ciro Murayama Rendón, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación “sin justificación, ni motivación alguna, aun cuando se trata de una determinación de un poder que por lo mismo no pueda actuar con arbitrariedad, ni ligereza, cortó de tajo 4 mil 913 millones del gasto operativo del INE, esto es el 26 por ciento de lo requerido”.

Se trata, dijo, del mayor recorte de la historia, justo cuando puede celebrarse el primer ejercicio de Revocación de Mandato contemplado en la Constitución. “Hay un déficit de 2 mil 327 millones de pesos, es decir, tenemos un faltante de 60 por ciento. Apenas contamos con 4 de cada 10 pesos necesarios para hacer la Revocación de Mandato en términos constitucionales”.

Sin embargo hasta el momento, “ningún legislador o legisladora han logrado explicar por qué ese monto de recorte, tampoco hay una línea de explicación en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicen que nos alcanzará y nada más, pretenden que les creamos, como si de la infalibilidad papal se tratara, pero en una República democrática así no actúan las autoridades, tiene que haber explicación, sustento y argumentación, porque si no se está ante escasa legalidad”.