Guatemala endurece penas por aborto y cierra puerta a matrimonio homosexual
El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que endurece las […]
El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que endurece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
La «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» sanciona con hasta 10 años de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause». En la ley actual la pena máxima es de tres años.
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El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de esta, delito considerado como un «aborto calificado».
«Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca», dijo el diputado Armando Castillo del partido VIVA (derecha), uno de los impulsores de la norma.
«Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso», advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
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La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala.
Igualmente «prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer».
«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el «estigma» y la «intolerancia» hacia las personas diversas y que «a todas luces es inconstitucional».
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
«No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios», afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
klcg
