Le llueve al ‘decretazo’ de AMLO: empresarios acusan que incentiva la corrupción

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró como “violatorio y que incentiva la corrupción” el acuerdo mediante el cual las obras sexenales, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, serán consideradas como parte de la seguridad nacional; además, anunció que tomarán medidas legales al respecto.

A través de un comunicado emitido este martes 23 de noviembre, el CCE consideró que este acuerdo evade diversas normas legales y constitucionales, mismas que protegen el acceso a la información, los derechos humanos, el medio ambiente, los procesos de licitaciones y el combate a la corrupción.

Afirman que este decreto pone al Ejecutivo “por encima de la ley”, debido a que no se tomó en cuenta al Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República), ni a la Constitución. Enfatizaron que la Ley de Seguridad Nacional no toma en cuenta proyectos de infraestructura, como puede ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Declaran que esta decisión pone a los proyectos públicos por encima de la ley y “produciría efectos en el gasto”. En el mismo sentido, rechazó el decreto e hizo un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho, así como proteger la seguridad pública, el medio ambiente y los derechos humanos.

El acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de la seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo”, declaró el CCE.

Recordó que la categoría de seguridad nacional está reservada a situaciones “de máxima importancia y gravedad”, entre las que destacan la protección de la soberanía e independencia, defensa del territorio, del orden constitucional, fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, genocidio, entre otros.

Ante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el INAI anunció que presentará una controversia constitucional, por lo que contará con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el INAI, el decreto no sólo sería violatorio a la Constitución, sino que vulneraría el acceso a la información de la ciudadanía.

AMLO no puede ser sancionado por promover la revocación de mandato… Por ahora https://t.co/3WjebvOeMg pic.twitter.com/3tQpEg1R3X

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 23, 2021