Nacional 23 de noviembre de 2021 4 años ago

¿Opositores a obras de la 4T podrán considerarse amenaza a la seguridad nacional?

Luego de que este lunes se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que […]

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Protestas contra obras de la 4T serás amenaza a la seguridad nacionalProtestas contra obras de la 4T serás amenaza a la seguridad nacional

Luego de que este lunes se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, políticos y abogados han criticado dicho decreto.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en el programa “Por la mañana” de Radio Fórmula, los abogados Roberto Gil y Gerardo Carrasco explicaron los alcances del decreto, y criticaron que este autoriza al Poder Ejecutivo a iniciar cualquier obra sin necesidad de permisos.

El analista Roberto Gil recalcó la posibilidad de que las personas que mediante amparos o manifestaciones busquen obstaculizar o frenar las obras prioritarias del Gobierno de México puedan ser considerados como una amenaza a la seguridad nacional.

“Hay un ángulo que habría que preguntar, cuando alguien obstaculice o dificulte por la vía jurídica o material, a través de un amparo o a través de una manifestación, se estará cayendo en alguno de los supuestos de atentar contra la seguridad nacional que prevé la ley de la materia, de quien detenga o intente detener la ejecución de un proyecto porque está convencido de que afecta al medio ambiente, a las comunidades indígenas ahí asentadas, porque genera algún perjuicio social, si se va esa persona o esos grupos a encuadrar a las afectaciones a la seguridad nacional tal como lo prevé la ley”, recalcó,

Por su parte, Gerardo Carrasco explicó que este acuerdo autoriza a cualquier obra o proyecto del actual Gobierno de México a que sea autorizado provisionalmente sobre cualquier norma, es decir, “el poder ejecutivo con este decreto se pone por encima del poder legislativo y por encima de cualquier órgano autónomo para desarrollar cualquier obra considerada como prioritaria”.

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El litigante incluso puso un ejemplo de lo que permitiría dicho acuerdo: “podría el presidente decidir construir una refinería en el Bosque de Chapultepec y al lado un estadio de beisbol y eso no tendría que pasar por ningún tamiz de obtención de permisos ni de legalidad”.

Destacó que dicho decreto incluso puede resultar contraproducente para el gobierno, pues cualquier obra que se desarrolle con base en esta autorización provisional podrá ser impugnada por un juicio de amparo.

El presidente tiene una patente para desarrollar cualquier tipo de obra o proyecto, a partir de hoy que entró en vigor este decreto, sin someterse a ningún permiso, autorización o licencia que tenga que ser otorgado por cualquier autoridad”, destacó.

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Respecto a la legalidad del acuerdo publicado, Roberto Gil criticó que éste busca ssr un “acelerador” para las obras de la 4T “pero en detrimento de la legalidad de la certidumbre jurídica la transparencia y sobre todo las condiciones civiles en que estos proyectos se tienen que realizar en este país”.

“No es un decreto que le dé certidumbre al país. Lejos de reordenar los procesos administrativos que debe ejecutar el gobierno para realizar los proyectos de infraestructura, se va por los cortos, las vías cortas, los atajos a través de un acuerdo de dudosa constitucionalidad”, aseveró.

Cabe recordar que, de acuerdo con el decreto publicado en el DOF, la realización de proyectos y obras declarados de interés público y seguridad nacional abarcan los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

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