Programan primera ejecución en arizona desde 2014

PHOENIX, Arizona.- La Corte Suprema de Arizona emitió el jueves una orden de ejecución para un prisionero condenado a muerte en lo que sería el primer uso de la pena de muerte en el estado en casi ocho años.

El tribunal supremo del estado fijó el 11 de mayo como fecha de ejecución para Clarence Dixon, quien fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el asesinato de un estudiante universitario en 1977.

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La última vez que Arizona usó la pena de muerte fue en julio de 2014, cuando Joseph Wood recibió 15 dosis de una combinación de dos medicamentos durante dos horas en una ejecución que, según sus abogados, había sido fallida.

Dixon tiene 20 días para decidir si le inyectan una droga letal o lo ejecutan en la cámara de gas. Si no toma una decisión, la inyección letal servirá como método de ejecución predeterminado.

Cámara de gas

Arizona, donde se llevó a cabo la última ejecución con gas letal del país hace más de dos décadas antes de que Estados Unidos rechazara la naturaleza brutal de las muertes, renovó su cámara de gas a finales de 2020.

Los funcionarios penitenciarios se han negado a decir por qué están reiniciando la cámara de gas. Sin embargo, la medida se produce cuando a los estados les resulta cada vez más difícil obtener medicamentos para inyección letal, ya que los fabricantes se niegan a suministrarlos.

Hace aproximadamente un año, los fiscales tomaron medidas para buscar la ejecución de Dixon y Frank Atwood, un preso condenado a muerte en un caso no relacionado, pero la Corte Suprema del estado suspendió el litigio debido a preocupaciones sobre la fecha de vencimiento del medicamento para utilizarse en las inyecciones letales.

Un acuerdo de 2017 sobre el protocolo de pena de muerte de Arizona dijo que el estado solo usará productos químicos en una ejecución con una fecha de vencimiento posterior a la fecha de la ejecución programada.

Pruebas especializadas a inyecciones letales

Mientras buscaban las ejecuciones de Dixon y Atwood el año pasado, los fiscales dijeron que la vida útil de la droga que se usaría era de 45 días, que era la mitad de lo que pensaban anteriormente.

A principios de este año, el estado reanudó sus esfuerzos para seguir adelante con sus ejecuciones y dijo que había realizado pruebas especializadas y determinó que la vida útil de la droga era de al menos 90 días.

Hice una promesa a los votantes de Arizona de que las personas que cometen el último crimen recibirán el último castigo”, dijo el fiscal general Mark Brnovich en un comunicado. “Seguiré luchando todos los días por justicia para las víctimas, sus familias y nuestras comunidades”.

Jennifer Moreno, una de las abogadas de Dixon, dijo en un comunicado que Arizona tiene un historial problemático en la ejecución de la pena de muerte.

Farmaceuticas bloquean el uso de sus productos en inyecciones letales

El Estado ha tenido casi un año para demostrar que no va a ejecutar ejecuciones con medicamentos vencidos, pero no lo ha hecho”, dijo Moreno. “Bajo estas circunstancias, la ejecución del Sr. Dixon, un miembro de la Nación Navajo con una enfermedad mental grave, discapacidad visual y físicamente frágil, es inconcebible”.

Los estados, incluido Arizona, habían tenido problemas para comprar medicamentos para ejecución en los últimos años después de que las compañías farmacéuticas estadounidenses y europeas comenzaran a bloquear el uso de sus productos en inyecciones letales. El año pasado, funcionarios penitenciarios de Arizona revelaron que finalmente habían obtenido un fármaco de inyección letal y estaban listos para reanudar las ejecuciones.

Dixon fue condenado y sentenciado a muerte por el asesinato en 1977 de Deana Bowdoin, una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona de 21 años.

Arizona tiene 112 presos en el corredor de la muerte.