Poder Judicial debe informar estado de procesados por ultrajes a la autoridad.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para que este Congreso exhorte, respetuosamente, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, informe a este Poder sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.

En su intervención durante la quinta sesión ordinaria, el legislador recordó que desde el pasado 28 de febrero el delito de Ultrajes a la Autoridad fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que –consideró- es necesario que la sociedad conozca la situación jurídica de las personas que fueron procesadas por este ilícito.

“Sería irresponsable y falto de ética pensar que los jueces hayan variado el tipo penal por el que fueron procesados con el propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron acusadas y recluidas, cuando este delito ya no existe en Veracruz”, aseveró.

El diputado, quien ocupa la secretaría de la Comisión Instructora y la vocalía de la Comisión de Vigilancia, externó que si los jueces de control del Poder Judicial siguen sin acatar la determinación de la SCJN caen en desacato de un mandamiento del Máximo Tribunal del país, “omisión que los lleva a una responsabilidad penal”, agregó.

Por otra parte, expuso que en las cárceles de la entidad están recluidos ciudadanos y ciudadanas que, en su momento, fueron imputados o imputadas por el delito de Ultrajes a la Autoridad de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los Jueces otorgaron la prisión preventiva por éste delito, hoy derogado.

Lo anterior, dijo el legislador, ha derivado en una falta de motivación jurídica por parte de los jueces de control y los fiscales, toda vez que la SCJN analizó éste tipo penal a profundidad, concluyendo que debía derogarse.

Al Anteproyecto se adhirieron las diputadas Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete, Citlali Medellín Careaga, Jéssica Ramírez Cisneros y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre; los diputados Juan Enrique Santos Mendoza y José Luis Tehuintle Xocua, así como el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

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